Suspensión de la ejecución del acto impugnado

La interposición de la reclamación económico-administrativa no suspende, por sí sola, la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, recargos y sanciones.

Sin embargo, la ejecución del acto podrá suspenderse automáticamente, a instancia del interesado si, en el momento de interponerse la reclamación, se garantiza el ingreso del importe de la deuda y el interés de demora que origine la suspensión. En este caso la solicitud de suspensión habrá de dirigirse al órgano competente para la recaudación de la deuda derivada del acto impugnado, acompañando los documentos justificativos de la garantía constituida y copia de la reclamación económico-administrativa interpuesta. La garantía consistirá necesariamente en: depósito en dinero efectivo o en valores públicos, aval o fianza de carácter solidario prestado por una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, o fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia, en este último caso sólo para débitos que no excedan de 1.502,53 euros (

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Cuando el interesado no pueda aportar alguna de las garantías expresadas, pero sí otra suficiente de naturaleza distinta, la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas podrá decretar la suspensión del acto impugnado, cuando se justifique por el interesado que la ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil reparación. No obstante, aun cuando el interesado no pueda aportar garantía con los requisitos anteriores, se podrá decretar la suspensión si se aprecian los referidos perjuicios. En este caso deberá formalizarse la solicitud de suspensión, en escrito separado del de la reclamación, efectuando las alegaciones que se estime oportunas en orden a acreditar la concurrencia de los requisitos señalados y adjuntando los documentos que lo acrediten (

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